En el mes de mayo de 2016, los gobernadores de 19 provincias y el ministro del Interior de la Nación firmaron un pacto federal que estableció un esquema de eliminación del 15% de impuestos coparticipables que desde 1997 se destinaban al ANSES. Consecuentemente, el encuentro tuvo como objetivo reflexionar sobre este nuevo acuerdo.
“El Gobierno envió una serie de proyectos de ley: reforma laboral y jubilatoria, y consenso fiscal. Estas tienen un solo objetivo y apuntan a que los asalariados paguemos el costo del ajuste que están llevando a cabo. También afectará a la Caja de Previsión de la Provincia”, comenzó exponiendo Yualé. Luego, hizo referencia a la necesidad de pensar la idea política que hay detrás de este pacto, teniendo en cuenta que abarca tres tipos de responsabilidades: las mutuas entre el Estado y las provincias, las que asume el Gobierno nacional y las que toman cada uno de los Estados provinciales. Éstos se comprometieron a realizar, entre otros, los siguientes ajustes y modificaciones:
– Bajar impuestos “distorsivos” (Ingresos Brutos y sellos) por 1,5% del PBI en los próximos 5 años.
– Adhesión al proyecto de una nueva ley de responsabilidad fiscal.
– Acuerdo por el Fondo del Conurbano: se da de baja el artículo 104 de la ley del impuesto a las Ganancias. Buenos Aires desistirá del reclamo y será compensada con $ 40.000 millones en 2018 y $ 65.000 millones en 2019.
– Juicios: todas las provincias, menos San Luis, resignarán sus juicios contra la Nación, y renunciarán a continuar los 56 juicios en marcha por 340 mil millones de pesos, a cambio de un bono de 80 mil millones, con una tasa de interés del 6%.
– Ley de revalúo impositivo: se coparticipará el impuesto.
– Impuesto al cheque: irá 100% a la Anses.
– Las provincias se comprometieron a trabajar para aplicar una ley de “responsabilidad fiscal” en los municipios de cada una de sus jurisdicciones.
– Jubilaciones: se avanzará en la actualización trimestral y por inflación. Además, se acordó garantizar el 82% pero sólo del salario mínimo vital y móvil para quienes hagan un aporte efectivo de 30 años y se avanzará en la eliminación de las de privilegio (aunque no se especificó en detalle).
En relación al último punto, uno de los más importantes, el Secretario Seccional reflexionó: “Se relaciona el pacto fiscal con la reforma jubilatoria porque la Provincia, para sostener el 82% móvil, no puede crear impuestos para mantener las cajas provinciales. Más que un consenso fiscal, me gusta llamarlo un apriete fiscal” y agregó: “Los Estados regulan la actividad económica a través de los impuestos. Aumentarlos o bajarlos, favorece a algún sector de la estructura económica. Por lo tanto, la pregunta es: ¿para quién va a ser el crecimiento económico? Esto es una decisión política. Aprobado esto, vamos a discutir las jubilaciones en otro terreno”.
